Comunidades en Nicaragua logran salida del FVC de un proyecto que vulneraba sus derechos

Esta historia relata cómo comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua lograron que el FVC cancelara el financiamiento de un proyecto que vulneraba sus derechos. Un caso emblemático que demuestra el poder de la acción colectiva, la participación comunitaria y el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en el financiamiento climático.

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Esta historia explora:

Cuando los proyectos climáticos se diseñan sin las comunidades
Defender derechos frente al Fondo Verde del Clima: queja, incidencia y acción colectiva
Un precedente histórico: comunidades logran frenar un proyecto del FVC
Por qué la participación comunitaria define la legitimidad del financiamiento climático

Cuando los proyectos climáticos se diseñan sin las comunidades

En 2020, el Fondo Verde del Clima (FVC) aprobó el proyecto “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan”, presentado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Con un compromiso de 64 millones de dólares del FVC, el proyecto Bio-CLIMA, busca restaurar paisajes forestales degradados en la región más biodiversa de Nicaragua, hogar del 80% de sus bosques y de la mayoría de sus pueblos indígenas, y canalizar inversiones hacia la gestión sostenible del uso de la tierra y los bosques.

Aunque el proyecto sonaba bien en papel, fue diseñado sin consultas adecuadas ni divulgación suficiente por parte del banco promotor. Además, ignoró el difícil contexto de violencia y desprotección de derechos humanos que aún sufren las comunidades indígenas en Nicaragua, particularmente en la zona de implementación del proyecto.

Las comunidades argumentaban que la ejecución del proyecto Bio-CLIMA implicaría graves afectaciones porque:

No hubo divulgación adecuada de información, consulta indígena, ni consentimiento libre, previo e informado.
El proyecto causaría degradación ambiental y aumentaría la violencia contra las comunidades en sus territorios indígenas debido a la colonización de tierras.
Se incumplieron las condiciones que la Junta Directiva del Fondo impuso para aprobar el proyecto, (entre ellas, la supervisión independiente de su implementación y la garantía de la legítima participación de los pueblos indígenas.
Había falta de confianza en el BCIE, entidad acreditada para canalizar los fondos, respecto del cumplimiento de las políticas del FVC.
Había falta de confianza en la capacidad del gobierno de Nicaragua, como entidad implementadora, para cumplir con sus obligaciones al ejecutar el proyecto.

Defender derechos frente al Fondo Verde del Clima: queja, incidencia y acción colectiva

Con el apoyo de organizaciones locales e internacionales, representantes de las comunidades afectadas presentaron una queja en junio de 2021 ante el Mecanismo Independiente de Reparación (MIR) del FVC. Esta instancia se ocupa de los reclamos de personas afectadas o potencialmente afectadas por proyectos financiados por la entidad.

La investigación abierta por el Mecanismo incluyó trabajo en terreno y entrevistas presenciales y virtuales con todas las partes interesadas. Los hallazgos confirmaron algunas acusaciones de la queja, incluyendo la falta de procesos adecuados de consulta y del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas. Así lo confirma el informe finak de la investigación.

En julio de 2023, la Junta Directiva del FVC debía decidir el futuro del según el informe de investigación. Sin embargo, traspasó la tarea a la Secretaría de la entidad, saliéndose del protocolo establecido. Así, ni el Mecanismo Independiente de Reparación ni los reclamantes tuvieron más voz en el asunto. Las comunidades debieron gestionar por sí mismas su participación e incidencia. Aun con el apoyo de las organizaciones que las acompañaron desde la presentación de la queja, las comunidades lograron influir en la decisión. Lo hicieron mediante campañas mediáticas, conversaciones con actores relevantes y, finalmente, reuniéndose con quienes tomarían la decisión final. Así pudieron explicar con sus propias palabras la realidad que vivían y lo que significaba para ellas la concreción del proyecto.

El 7 de marzo de 2024, la Secretaría anunció su decisión: dar por terminado el acuerdo de financiamiento con el proyecto. Reconoció que los desarrolladores incumplieron las políticas del Fondo, tal como las comunidades alegaron en su queja.

Un precedente histórico: comunidades logran frenar un proyecto del FVC

Tras la presentación de la queja y un extenso proceso de investigación, el Fondo Verde del Clima— la principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial— decidió terminar el financiamiento comprometido para el proyecto Bio-CLIMA. La razón: los desarrolladores incumplieron las políticas y procedimientos de la institución en cuanto a salvaguardas socioambientales. La investigación confirmó que el proyecto amenazaba con agravar la violencia que ya sufrían las comunidades indígenas y afrodescendientes, vulnerando sus derechos. El Fondo no había desembolsado fondos y la implementación del proyecto no había comenzado.

Esta decisión es la primera de su tipo en la historia del Fondo. Reconoce los esfuerzos incansables de las comunidades detrás del caso, que lograron demostrar la difícil situación que enfrentaban. También recuerda la importancia de incluir a las comunidades locales en todas las etapas de un proyecto, desde su concepción. Representa una lección importante para el Fondo Verde del Clima, cuyas políticas y salvaguardas existen para prevenir este tipo de situaciones y deben aplicarse rigurosamente desde que se conciben los proyectos que buscan financiamiento.

*Canoas de indígenas mayangna viajando por el río Lakus, Reserva de la Biosfera de Bosawás, Nicaragua. Foto por Joe Towsend*

Por qué la participación comunitaria define la legitimidad del financiamiento climático

Este caso emblemático demuestra la importancia de procesos de consulta tempranos, transparentes e inclusivos en los proyectos de financiamiento climático. También destaca la necesidad de normas sociales y ambientales rigurosas que consideren el contexto político de los lugares donde se implementarán.

Es imprescindible seguir los más altos estándares de participación pública desde la etapa de diseño. Así se evita obviar realidades críticas, como el contexto de violencia y vulneración de derechos que existía en Nicaragua.

Los procesos de participación y consulta no pueden ser una mera formalidad para cumplir requisitos del financiador. Deben estar en el centro y considerarse desde el inicio del diseño de los proyectos. Solo así el financiamiento alcanzará su máximo potencial y los proyectos lograrán legitimación y éxito.

Las instituciones responsables del financiamiento climático deben garantizar la participación activa de las comunidades en todas las etapas de cada proyecto.

El éxito y la legitimidad del financiamiento climático van más allá de los recursos: dependen de valorar y asegurar la participación comunitaria en cada fase del proyecto.

Sin las comunidades en el centro de cada etapa, no habrá financiamiento climático justo ni efectivo.

“Desde la sociedad civil, seguimos creyendo en los mecanismos internacionales que protegen e incluyen mecanismos de salvaguarda, y creemos que los proyectos climáticos que se financian no deberían violar los derechos de quienes habitan en las zonas donde se llevan a cabo”

— Amaru Ruiz, ecologista nicaraguense presidente de la Fundación del Río.